Vecinos hartos de los morosos: les prohíben la piscina y los denuncian
Los propietarios que cumplen con sus cuotas comunitarias están cansados de asumir la carga de quienes no pagan, lo que dificulta el mantenimiento y mejora de los edificios. Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), la deuda vecinal asciende a unos 1.630 millones de euros, aunque los expertos señalan que la morosidad ha dejado de crecer e incluso comienza a reducirse. “Durante años hubo cierta tolerancia debido a crisis económicas y la pandemia, pero ahora las comunidades están tomando medidas con mayor rapidez”, explica Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida.
La situación es especialmente complicada en edificios con calefacción y agua centralizada, donde los impagos obligan al resto de vecinos a asumir los costes. “Esto puede ser un golpe muy duro para comunidades con recursos limitados”, advierte Peio Mendia, tesorero del CGCAFE.
Cuando hay que realizar obras importantes, la problemática se agrava. Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, cuenta el caso de una comunidad en el distrito de Usera, Madrid, donde se instala un ascensor de 169.000 euros. Como un vecino moroso no puede pagar su parte (21.125 euros), el resto ha tenido que dividir el importe, aportando 3.000 euros extra cada uno.
Restricción de servicios y acciones legales
Ante esta realidad, muchas comunidades han perdido la paciencia y están optando por soluciones drásticas. Una de las primeras medidas es establecer penalizaciones económicas o limitar el acceso a servicios comunes como piscinas, gimnasios o salas de uso comunitario. “En las comunidades donde se han aplicado estas restricciones, la morosidad ha disminuido notablemente”, señala Martínez. Sin embargo, la ley no permite cortar suministros esenciales como agua, calefacción o ascensores, ya que esto podría generar conflictos legales.
La vía más común para reclamar las deudas sigue siendo la judicial, a través de un proceso monitorio, un procedimiento rápido para exigir pagos atrasados. No obstante, los juzgados están saturados, lo que retrasa las resoluciones. “En algunos casos, se obtiene una respuesta en tres meses, pero en otros puede tardar más de un año”, explica el abogado Álvaro Bermejo.
La urgencia de actuar antes de los cambios legales
Desde abril de 2025, la nueva Ley Orgánica 1/2025 exigirá intentar una mediación antes de acudir a los tribunales, lo que ha llevado a muchas comunidades a presentar demandas antes de que entre en vigor. “Muchas están adelantando las reclamaciones para evitar este trámite adicional”, comenta la abogada Elisa Barragán.
Si el moroso no paga en el plazo legal de 20 días tras la notificación, la comunidad puede solicitar el embargo de sus bienes. Sin embargo, si el deudor es insolvente, la recuperación del dinero se complica. En estos casos, la comunidad tiene preferencia sobre otras deudas para cobrar lo adeudado de los últimos tres años, pero debe estar atenta a cualquier mejora en la situación económica del moroso para reactivar la reclamación.
A pesar de las dificultades, los expertos coinciden en que la presión y las acciones legales están logrando reducir la morosidad en muchas comunidades de vecinos.