Especialistas sugieren disminuir los impuestos sobre la vivienda, que pueden aumentar su precio en hasta un 25%

En plena crisis habitacional, con un déficit de más de 500.000 viviendas necesarias para equilibrar el mercado, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han presentado un decálogo de medidas para aumentar la oferta y contener el alza de precios en compra y alquiler.

Entre las propuestas, destaca la reducción de la carga fiscal en la adquisición de viviendas, ya que los impuestos pueden encarecer el precio hasta en un 25%. En este cálculo se incluyen tributos como el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y diversas tasas municipales. Según los economistas, esta presión impositiva dificulta el acceso a la vivienda y frena la inversión en nuevas promociones, limitando el crecimiento de la oferta. Por ello, proponen una rebaja en estos impuestos para facilitar la compra y dinamizar el mercado.

Reformas normativas y el papel del suelo

Los expertos también insisten en la necesidad de modificar la normativa sobre el suelo. Según Xavier Vilajoana, presidente de los promotores y constructores de España, muchos planes urbanísticos están bloqueados por defectos menores que podrían corregirse fácilmente. Actualmente, la Ley del Suelo impide que estos proyectos avancen, lo que retrasa la construcción de viviendas necesarias. Aunque el Gobierno ha intentado reformarla, la falta de consenso político ha impedido su aprobación. Partidos como ERC, EH Bildu y Podemos temen que flexibilizar la normativa pueda derivar en abusos urbanísticos.

Además, los economistas critican las restricciones en el mercado del alquiler, como los límites de precio en zonas tensionadas, argumentando que han reducido la oferta de viviendas disponibles. Ponen como ejemplo el caso de Cataluña, donde, pese a una reducción de precios del 4-5%, la oferta ha caído en un 20%, afectando sobre todo a las familias con menos recursos.

Acuerdo político y colaboración público-privada

Para solucionar la crisis de vivienda, los expertos piden estabilidad normativa y un pacto entre PSOE y PP que garantice una regulación clara y predecible a largo plazo. Argumentan que las propuestas de ambos partidos sobre legislación del suelo son similares, por lo que instan a dejar de lado las diferencias políticas para facilitar la construcción de vivienda asequible.

También proponen fortalecer la colaboración público-privada para impulsar la promoción de vivienda social y asequible mediante el uso de suelo público. Según los economistas, el sector privado no puede asumir toda la carga sin un respaldo institucional sólido y mayores incentivos financieros.

Modernización del sector de la construcción

Otro de los puntos clave es la necesidad de modernizar la industria de la construcción con nuevas tecnologías y procesos industrializados. Esto permitiría reducir plazos de ejecución, optimizar costos y hacer el sector más atractivo para los jóvenes, combatiendo la falta de mano de obra cualificada. Además, la industrialización contribuiría a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia energética de las nuevas viviendas.

Como parte de esta transformación, Vilajoana ha propuesto recuperar la figura del aprendiz, facilitando la incorporación de nuevos trabajadores y garantizando el relevo generacional en el sector.